La ley de “privación animal” huele a carne quemada

Antes de que se enfriaran los cadáveres de más de 350 cerdos que se quemaron vivos en el incendio de Alcanede, en Santarém, ahora extinguido, el Presidente de la República promulgó una ley que contradecía las ya débiles y reducidas medidas de prevención de protección a los animales: un Decreto-Ley que elimina la instalación obligatoria de SADIs (Sistemas Automáticos de Detección de Incendios) en las explotaciones ganaderas.
La supuesta justificación de la existencia de este DL y la posterior promulgación por Marcelo Rebelo de Sousa acentúa aún más el contraciclo con un país que se ve ardiendo día tras día: la obligación ahora retirada se mostró inadecuada, dadas las dificultades de implementación de la obligación entre los productores, tanto en términos logísticos como por los enormes costos financieros.
Dado que esta medida representa una carga menor para los ganaderos, incluso podría parecer bienvenida, ya que el objetivo es apoyar el desarrollo económico nacional. Sin embargo, ¿a qué costo? ¿Serán menores las pérdidas sufridas por los criadores propietarios de los más de 350 animales que murieron en el incendio de Alcanede que las causadas por la instalación de los SAID? ¿Acaso la muerte de estos animales en un sufrimiento insoportable justifica algún tipo de desarrollo económico? Estas son preguntas retóricas cuyas respuestas son innecesarias.
Los problemas relacionados con la explotación animal en la industria alimentaria plantean debates éticos y legales que nos negamos obstinadamente a abordar. Ya sea por falta de sensibilidad en los foros gubernamentales, o porque son tan sensibles para el electorado que es improbable que alguien quiera plantear esta nitroglicerina política.
En cuanto a los procedimientos ante catástrofes y las medidas de autoprotección animal para la industria alimentaria, la Ley Orgánica de Protección Civil (Ley n.º 27/2006, de 3 de julio) establece que uno de los objetivos fundamentales de Protección Civil es «rescatar y asistir a personas y otros seres vivos en peligro», así como «proteger los bienes y valores ambientales». Con la promulgación de esta DL, la responsabilidad recae íntegramente en Protección Civil, ya que las medidas de prevención previas por parte de los productores ya no son obligatorias.
Los desafíos relacionados con la defensa de los derechos de los animales ponen de relieve la complejidad del tema y la diversidad de opiniones en el debate. Estas cuestiones plantean la necesidad de un análisis minucioso y profundo, así como de considerar múltiples perspectivas. La idea es construir puentes sólidos para encontrar soluciones equilibradas y eficaces que resulten en medidas de preparación y prevención para el rescate animal. Será difícil avanzar en este ámbito sin la responsabilidad y la ética de todos los actores involucrados.
Es cada vez más peligroso no establecer límites en nombre de una economía construida sobre fórmulas creadas hace siglos y carente de visión para las generaciones futuras. Establecer límites y, al mismo tiempo, replantear el enfoque… si no, veamos: ¿qué tipo de decisiones pueden ignorar, por ejemplo, que el mercado nacional de alimentos para mascotas generó 90,2 millones de euros el año pasado, un crecimiento de aproximadamente el 11 % en comparación con 2023? Basta con leer el informe Sell Out Pet Food GS1 Portugal, publicado hace unos días, para comprender que el crecimiento en este sector no se está desacelerando.
Datos como los del informe mencionado —que ejemplifican el fortalecimiento de la conciencia social para una coexistencia equilibrada entre humanos y animales— aclaran la necesidad de considerar el desarrollo económico como el desafío que representa para el bienestar animal. Al actuar de forma anticíclica, corremos el riesgo de que los más de 350 cerdos quemados vivos en el incendio de Alcanede tengan una alta probabilidad de ascender a 3500 el próximo año, y lo mismo ocurre con otras especies utilizadas para la producción de alimentos. Si esto implica proteger la economía, a los productores, a los animales o lo que sea, entonces sería mejor no temer llamarlo políticas de tierra arrasada consecutivas.
observador